Hace ya unos años, tuve el privilegio de ser ponente del Proyecto de Ley por la que se establecía el Ingreso Mínimo Vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo) una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas, vivan solas o estén integradas en una unidad de convivencia, y carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Una prestación cuyo objetivo es operar como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación plena en nuestra sociedad.


